¿Qué es esta ley y por qué nos preocupa?
La llamada "Ley de Fiscalización" otorga al gobierno venezolano poderes amplísimos para registrar, auditar, suspender y disolver organizaciones de la sociedad civil bajo criterios vagos y discrecionales. Esta legislación sigue el modelo de leyes similares aprobadas en Rusia, Nicaragua, Hungría y otros países donde han sido utilizadas para silenciar a la oposición política y a defensores de derechos humanos.
Entre los aspectos más preocupantes se encuentran: la obligación de registrar ante el Estado cualquier financiamiento proveniente del exterior, incluyendo donaciones de fundaciones internacionales y cooperación técnica; la facultad del ejecutivo de suspender preventivamente a organizaciones acusadas de "atentar contra la soberanía nacional" —término ambiguo que puede usarse contra cualquier crítica legítima—; y la criminalización de actividades ordinarias como la difusión de información, la asistencia legal y la documentación de violaciones de derechos humanos.
Contexto: una tendencia regional de cierre del espacio cívico
Venezuela no está sola en esta tendencia. En los últimos años, Nicaragua expulsó a decenas de organizaciones internacionales y disolvió centenares de ONG locales. El patrón es siempre el mismo: primero la legislación restrictiva, luego la aplicación selectiva contra los críticos, y finalmente la eliminación sistemática de la sociedad civil organizada.
Las organizaciones venezolanas han documentado durante años la persecución a defensores de derechos humanos, la detención arbitraria de líderes sociales y el hostigamiento judicial contra quienes denuncian abusos. Esta ley institucionaliza esa persecución y le da cobertura legal.
Nuestras demandas
Ante esta situación, las organizaciones firmantes exigimos:
- El archivo definitivo del proyecto de "Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs" y cualquier legislación de naturaleza similar.
- El respeto irrestricto al derecho de asociación, consagrado en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela.
- El cese inmediato de las acciones de hostigamiento, intimidación y persecución judicial contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de la sociedad civil.
- La liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad por ejercer activismo pacífico y defensa de los derechos humanos.
- La apertura de un diálogo genuino entre el gobierno y la sociedad civil, con garantías reales de participación y sin represalias.
Llamado a la comunidad internacional
Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional —gobiernos, organismos multilaterales, mecanismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA— para que: manifiesten públicamente su preocupación por el avance de esta legislación; ejerzan presión diplomática para que Venezuela cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; y refuercen los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos en el país.
La sociedad civil venezolana ha sido un actor fundamental en la documentación de la crisis de derechos humanos, en la asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables y en la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas. Su silenciamiento no solo afecta a Venezuela: impacta a toda la región y envía una señal peligrosa sobre los límites de la democracia en el hemisferio.
Organizaciones firmantes
Este comunicado es firmado por las siguientes organizaciones de la sociedad civil venezolana: