A pesar de las promesas gubernamentales, nuestro país vive graves emergencias ambientales sin esperanza de que reciban atención adecuada.
Hoy queremos indignarte con un recuento al que llamamos “5 red flags ambientales en Venezuela”, aunque creemos que cada una de ellas dejaron de ser “red flags” y para ser delitos ambientales cometidos con la anuencia del Estado venezolano.
1.- Contaminación del Lago de Maracaibo: el lago más grande de América Latina tiene años soportando derrames petroleros y el poco mantenimiento de la infraestructura petrolera que está en sus profundidades descuidada totalmente por PDVSA. Hoy la biodiversidad del ecosistema del lago está en riesgo y con ello también se ve afectada la salud de los pobladores, pescadores, deportistas y turistas.
2.- Construcciones ilegales en Los Roques: Aunque desde el año 2004, las construcciones están prohibidas (ya para esa fecha estaba al límite de su capacidad), estos últimos años se han levantado nuevas edificaciones con el consentimiento del gobierno venezolano. Los expertos aseguran que modificar apenas una pequeña porción de territorio afectará el perfecto equilibrio que se ha mantenido durante siglos entre los elementos que lo componen: manglares, corales y praderas de Thalassia, que a su vez son hábitat y fuente de alimentación de cientos de especies de peces, tortugas, crustáceos, moluscos, mamíferos y aves que hacen vida en el archipiélago.
3.- Derrames petroleros en las costas venezolanas: según los datos del Observatorio de Ecología Política de Venezuela entre enero y diciembre de 2023 se registraron 86 derrames petroleros en el país. E incluso hace algunos días vimos en tv los esfuerzos de PDVSA por mitigar los efectos de un derrame en el Estado Carabobo con la fuerza de unos tobos. No es un chiste aunque parezca, las implicaciones de estos derrames afectan en múltiples dimensiones y escalas causando daños irreversibles en los ecosistemas.
4.- Deforestación de bosques y sabanas: las cifras son alarmantes, las proyecciones de SOS Orinoco alertan que para 2025 se habrán perdido 1.3 millones de hectáreas de cobertura vegetal entre bosques y sabanas. Para 2030 la pérdida llegaría a 1.5 millones. Esto principalmente producto de la minería y la actividad agropecuaria que expandieron 1.6 veces el área que ocupaban en el año 2000 y que empeoró con la creación del Arco Minero, una política de minería en un polígono específico, cuya tasa de expansión supera las 75000 hectáreas por año.
5.- Minería ilegal en el Parque Nacional Cerro Yapacana: aunque este parque es un área protegida, la explotación de oro continúa por encima de cualquier ley afectando no sólo los ecosistemas, sino atacando violentamente a la población indígena que habita el lugar. En este parque la actividad extractiva la adelantan grupos irregulares de la mano de las FANB sin ningún tipo de control.
Importante enfatizar que esta actividad destruye los territorios, la biodiversidad, la fauna, y genera consecuencias en la cultura de sus habitantes porque influye en sus actividades tradicionales.
Todo esto ocurre mientras se adelanta una propuesta legislativa que amenaza el futuro de las organizaciones no gubernamentales, incluidas las ambientales ¿Te imaginas todo lo que harían sin que nadie pudiera denunciar o documentar todo lo que hacen?